lunes, 22 de julio de 2013

La muerte tiene cara de mujer… y pobre…

La problemática del aborto en Argentina es una cuestión fundamental de salud pública
Por Leticia Celli*

Leticia Celli, pre candidata a diputada del FIT
En el país, donde el aborto es ilegal, distintas organizaciones de mujeres computan aproximadamente 500 mil abortos por año y son cientos los casos de mujeres que mueren por abortos mal realizados, siempre en la clandestinidad. Quienes mueren por esto son aquellas mujeres de bajos recursos que apelan a precarias e insalubres clínicas o, aún peor, a improvisados métodos caseros. Sólo las mujeres de altos ingresos pueden acceder a abortos seguros que se hacen en más de una clínica privada a altos precios.
En Córdoba, la situación es aún peor: no se permite realizarlo siquiera en los casos no punibles, de mujeres abusadas, a consecuencia de una medida cautelar y ahora de un fallo de la Cámara de Apelación Tercera en lo Civil y Comercial que hace lugar al reaccionario “Portal de Belen”- que responde a la hipócrita Iglesia Católica- no se permite la aplicación del protocolo del aborto no punible. Hipocresía que tiene como consecuencia que quienes dicen estar “a favor de la vida” son los que siguen promoviendo la muerte de cientos de mujeres que abortan en condiciones de extrema precariedad.  Pero no son los únicos: si bien ante esto el Gobierno Provincial presentó un tímido recurso judicial, se trató de una muestra más de cinismo. Es un gobierno que no ha llevado adelante ningún plan serio de reparto de anticonceptivos entre la población, ni un plan sistemático e integral de educación sexual en los colegios.
En este sentido, nada tiene que envidiarle el gobierno delasotista al kirchnerismo; de hecho, hace meses presenciamos una nueva alianza del gobierno nacional con el Papa Francisco. Cristina Fernández de Kirchner, por si quedaba alguna duda, ratifica que bajo su Gobierno no habrá legalización del aborto. No le importa que durante los 10 años de gestión se hayan muerto más de 3000 mujeres por las consecuencias del aborto clandestino, ni que la mayoría de ellas sean, como decimos, trabajadoras y pobres, las que menos recursos tienen. Para estas mujeres, no hubo “década ganada”.
Mientras la derecha y la Iglesia aprovechan la falta de legislación para seguir imponiéndose sobre la vida y las decisiones de las mujeres, crece el descontento en millones de personas que están a favor de la legalización del aborto, como lo expresan las encuestas. Se estima que por año se producen aproximadamente 8 mil violaciones. Si tenemos en cuenta, además, que no todas las violaciones terminan en embarazos, se deduce que menos de un 1% de los abortos que se practican en Argentina estaría comprendido dentro de una legislación de aborto no punible. Por lo tanto, aún si esa ley existiera, miles de mujeres jóvenes y pobres seguirían abortando en clandestinidad, sometidas a condiciones insalubres y al riesgo de morir en el intento.
En esta campaña electoral que se inicia hemos visto a numerosos candidatos ubicarse en el espectro de la derecha. Ni el juecismo -supuestamente progresista- escapa: su cabeza de lista es el diputado Ernesto Martínez a quién no le tembló la mano al votar contra un derecho elemental como la ley del matrimonio igualitario. Ni hablar de quienes representan al gobernante delasotismo, macrismo o al gobierno nacional quienes, a pesar de las diferencias, están de acuerdo en sostener su alianza y su financiamiento a la Iglesia Católica.
Ante esta situación en la que el Estado tanto provincial como nacional son responsables de la muerte de más de 300 mujeres por año, sostenemos la urgente necesidad de que se aplique la ley de educación sexual en las escuelas, para que podamos decidir que realmente haya anticonceptivos accesibles para no abortar y que el aborto sea legalizado para que las mujeres que toman esta decisión dejen de morir. También decimos que el aborto legalizado tiene que ser seguro, para que se pueda realizar con todas las condiciones de higiene necesaria en los hospitales públicos. Sostenemos también que debe ser gratuito para que todas las mujeres tengan ese derecho. Hoy, de hecho, existe el derecho para quienes cuentan con altos recursos económicos.
No podemos confiar en los diputados y partidos que vienen ocupando las bancas del Congreso de la Nación que nos niegan este elemental derecho. Tampoco podemos confiar en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que acaba de sellar la alianza con el Vaticano. Como luchadora por los derechos de las mujeres y habiendo sido abogada en la querella de Eli Díaz contra el patrón violador, pongo mi candidatura por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores al servicio de esta pelea que requiere de la movilización de miles en las calles.

(*) Nació en Paraná, en 1981. Es Abogada, militante del PTS Córdoba, precandidata a diputada nacional por el Frente deIzquierda y los Trabajadores. La lista es encabezada por la legisladora Liliana Olivero.

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