Desde hace unos meses, Argentina ha vivido un cambio de gobierno que trajo consigo una serie de continuidades y discontinuidades políticas. Estos nuevos rumbos que marcan el panorama político han ido de la mano de modificaciones sustanciales en cuanto al consumo, la energía, los haberes de los pasivos, la regulación de la economía, etc.
Dentro de los paradigmas del cambio debemos diferenciar aquellos que se sostienen en políticas públicas de aquellos que se vislumbran como cambios de estilo de gobernar. Teniendo presente esta diferencia, es dable comprender cómo algunas cuestiones que pueden trasuntar en la forma se pueden transformar -al mediano plazo- en cambios de las políticas con las que se gestiona al Estado.
Desde el retorno a la democracia, la cuestión de la regulación de los derechos fue el paradigma esencial que se sostuvo por más de 30 años, dejando una de las patas de la regulación estatal por fuera del panorama político. El reparto territorial del poder, ese segundo remo de la barca, quedó relegado por comprender -quizás- que el desarrollo del sistema federal argentino había sido completado en 1994 con las modificaciones constitucionales como la autonomía municipal, el otorgamiento del status sui generis de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires o el novedoso regionalismo, que todavía no ha salido de su infancia temprana.
El federalismo sistemático y cooperativo desarrollado desde mediados del siglo XIX quedó relegado, sin lugar a dudas, por el alumbramiento de una nueva forma de gestionar el poder: el federalismo ejecutivo. La mirada desenfrenada del poder exacerbado del Presidente de la República encegueció el debate y el consenso necesarios para poder llevar a cabo reformas estructurales que repercutan en un manejo de recursos, derechos y obligaciones que tiendan a nivelar el esquema federal con tonos de igualdad.
Este federalismo ejecutivo no encontró frenos, porque cada vez se proclamaban más y más adeptos al sistema, siendo un fenómeno que trascendía en beneficios para los que se adherían a la línea política ejecutiva y en claros perjuicio para quienes querían sostener su identidad sin mermas de ningún tipo, todo esto, con la traslación de lo político a lo social, es decir, mejorando o empeorando la calidad de vida de los ciudadanos.
Quizás, la asunción presidencial de un hombre de una línea distinta a la que ejercieron el poder desde el retorno a la democracia, esto es, radicales y peronistas (independientemente de la sub línea de pensamiento que desarrollasen), generó un quiebre en la figura del poder a la que estábamos acostumbrados como argentinos. Esta fractura, en la cual el titular del Ejecutivo lleva el tinte político de la minoría de los gobiernos provinciales, mostró un nuevo escenario donde palabras como "consenso" y "acuerdo" deberían volver a estar presente en las mesas de negociaciones de la gestión pública.
El primer sábado posterior a la asunción del actual Presidente, hubo una vuelta al timón con una foto que sorprendió, por igual, a cada uno de los argentinos. El Presidente se había reunido con todos los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -junto a otras autoridades del gobierno federal-, para tratar de restablecer el modelo y acordar, todos, un nuevo esquema de trabajo en miras a cambiar el sistema de coparticipación federal.
Aquella foto, que representó un nuevo modelo relacional de gobierno Federal - Provincial y de la Ciudad Autónoma, despertó un anhelo de cambio para quienes estudian el sistema federal. Luego de esa reunión, surgieron en los meses que van desde diciembre de 2015, una serie de acuerdos particulares con las Provincias llevados a cabo por el titular del Ejecutivo, por el Jefe de Gabinete y/o por el Ministro del Interior, junto a una serie de medidas, como el Decreto PEN 406/2016, de 24 de febrero, que llevó por título "Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo", por el que se creó el Consejo Argentino destinado a tal fin.
Es obvio que la primer impresión que se propicia cuando se habla de federalismo en Argentina tiene que ver con la coparticipación, eterna deuda constitucional desde 1994. Más allá de esto, el cambio debe girar en torno a todas aquellas cuestiones que hacen al federalismo, desde la gestión de políticas públicas o de Estado a la coordinación y la cooperación en el marco de la lealtad federal. Esto es, quizás, lo que se está comenzando a hacer.
Hoy, estamos en presencia de ciertas evidencias de un cambio de paradigmas, aunque es quizás temprano anticiparse a decir que sea un cambio de políticas. Ojalá el tiempo, con su praxis y maduración, confirme los cambios necesarios para un federalismo moderno y renovado.
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"El Federalismo que necesitamos", por Gonzalo Gabriel Carranza.
¿Quién es Gonzalo Gabriel Carranza?
Gonzalo Gabriel Carranza nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. Tiene 27 años y es Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, es Máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) del Ministerio de la Presidencia de España y, actualmente, es Doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde cumple funciones como Personal Investigador.
Ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). Es docente de posgrado en la Universidad Blas Pascal. Ha sido profesor invitado por la Catholic University of America (Washington D.C.). Participa en diversos grupos de investigación en Argentina y España.
Es autor de diversas publicaciones relativas al Derecho Constitucional, en especial en torno a la distribución territorial y personal del poder, como así también sobre muerte digna, libertad de prensa y de expresión.
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